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jueves, 6 de mayo de 2010

UNA DE CALAMARES

De entrada como cualquier ciudadano normal no siento ninguna pasión por ningún corrupto, se ampare bajo el color que se ampare, para ellos … TODOS A LA CÁRCEL, me da igual que sean Gurtel, de Baleares, de Madrid, de ayuntamientos donde hay reparaciones de una baldosas de más de 1000 euros (el Ejido), o de la destrucción urbanística de nuestras costas donde no hay agua corriente para mantener a tanto vecino… de de donde sea.

Ayer vi al Secretario de Estado Zarrías (el que en el parlamento andaluz votaba con las dos manos y lod dos pies) hablar de corrupción, la gente de la calle podemos hacerlo… pero ellos?.
Hoy he visto a Rubalcaba llamar repugnantes a los presuntos corruptos del caso Gürtel.
Rubalcaba, miembro de un gobierno que practicó el terrorismo de estado y que controlaba los cohechos desde la Moncloa debería callarse la “susia bocona” que dicen los sudamericanos.

El gobierno de Felipe “Manos de amianto” González tuvo los casos de corrupción, trincado, etc que enumero:



Ahora saco de Wikipedia:



Terrorismo de Estado: GAL
Artículo principal: Investigación de los GAL
Agrupaciones armadas parapoliciales practicaron lo que se denominó terrorismo de Estado o "guerra sucia" contra el grupo terrorista ETA y su entorno durante el gobierno de González. Creados y dirigidos por altos funcionarios del Ministerio del Interior de España, los grupos armados de liberación (GAL) estuvieron activos de 1983 a 1987 siendo responsables de 23 asesinatos, incluyendo a víctimas sin relación con el terrorismo.
Caso Lasa y Zabala
Se conoce con ese nombre al secuestro y asesinato de José Antonio Lasa Arostegui y de José Ignacio Zabala Artano en 1983. Fue uno de los casos más conocidos de la denomidada "guerra sucia" contra ETA. Después de un largo y complicado juicio, el juez dictó sentencia condenatoria contra el general Enrique Rodríguez Galindo, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julián Elgorriaga y el teniente coronel de la Guardia Civil Ángel Vaquero, declarándose la responsabilidad civil subsidiaria del Estado para el pago de las indemnizaciones.[9]
El Señor X
Con el nombre de Señor X fue conocido el responsable último del terrorismo de estado. Juan Alberto Perote ex agente del CESID mantiene que el «señor X» de los GAL es Felipe González. Aunque no ha sido posible demostrar la responsabilidad final de la creación de los GAL por parte de Felipe González.[10]
Ricardo García Damborenea, secretario general del PSOE en Vizcaya en su declaración ante el juez Baltasar Garzón por el secuestro de Segundo Marey implicó a Felipe González y a otros altos dirigentes socialistas de tener pleno conocimiento de las acciones de los GAL. En su declaración García Damborenea manifestaba que había hablado en varias ocasiones con González sobre la guerra sucia contra ETA.[11] Felipe González calificó de «disparate» todas las acusaciones de Damborenea, considerando que era una estrategia que buscaba una ley de "punto final" para el GAL.[12] Poco después, el PSOE confirmó que González no quería volver a ser candidato a la presidencia y anunció que su sucesor sería elegido en un comité nacional extraordinario que se celebraría en septiembre.[13] El juez Garzón remitió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el sumario de los GAL, diciendo haber encontrado indicios delictivos en las actuaciones del presidente del Gobierno, Felipe González; los ex ministros Narcís Serra y José Barrionuevo, y el diputado socialista Txiki Benegas, basándose en el testimonio de García Damborenea.[14] El Tribunal Supremo descartó toda relación de González, Serra o Benegas con los GAL, rechazando su imputación en el sumario el 5 de noviembre de 1996. Ante un nuevo requerimiento de Garzón sobre González, el Alto Tribunal reiteró su posición el 22 de noviembre de 1999, volviendo a negar cualquier relación entre el ex presidente del Gobierno y los GAL.[15]
Fondos Reservados
Artículo principal: Fondos reservados
Fue un escándalo político importante, pues se juzgó a siete ex altos cargos del Ministerio del Interior en la época del gobierno socialista de Felipe González por el uso irregular de los fondos reservados que entre los años 1987 y 1993, el Gobierno destinaba a la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico. Durante el juicio quedó probado que el dinero sustraído, unos 5 millones de euros, fue utilizado para uso privado, pago de sobresueldos y gratificaciones a funcionarios y altos cargos de Interior y, en algunos casos, en enriquecimiento personal. Los ex ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera fueron absueltos de todos los cargos. Rafael Vera Fernández-Huidobro (ex secretario de Estado de Seguridad) fue condenado a siete años de prisión como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos. José María Rodríguez Colorado (ex director general de la Policía) fue condenado a seis años de prisión por el mismo delito. Julián Sancristóbal (ex director de la Seguridad del Estado) fue condenado a cuatro años de prisión como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos pero con la concurrencia de la circunstancia atenuante apreciada. La investigación del juez Baltasar Garzón sobre los fondos reservados había sido impedida desde la etapa de José Barrionuevo como Ministro de Interior, época en que Felipe González, presidente del gobierno, declaraba: «Ni hay pruebas ni las habrá». Sin embargo, frente a la negativa de Interior, Garzón obtuvo el apoyo que solicitó del Consejo General del Poder Judicial.[16]
Caso Roldán
Artículo principal: Caso Roldán
Fue desvelado en noviembre de 1993, provocando la destitución de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, y que estuvo al frente de la Benemérita durante el gobierno de Felipe González entre octubre de 1986 y diciembre de 1993. Luis Roldán aprovechó su cargo para enriquecerse ilícita y delictivamente mediante el cobro de comisiones de obras, de estafas a los constructores y mediante la malversación de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Roldán también recibió, a partir de 1990, sobresueldos de 30.000 euros al mes a cargo a los fondos reservados y por parte de Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad. Esa cantidad fue elevada a 60.000 euros desde 1991 y hasta su destitución.
Luis Roldán fue condenado en febrero de 1998 por la Audiencia Provincial de Madrid a 28 años de cárcel por los delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, estafa y fraude fiscal. Roldán reconoció durante el juicio que se había llevado irregularmente más de 2,614.403 euros de los fondos reservados y casi 11 millores de euros en comisiones. La sentencia fue ampliada por el Tribunal Supremo en 1999 hasta los 31 años, imponiéndole además una multa de 9.616.194 euros y una indemnización al estado de 3.479.259 euros. Junto a Roldán fueron condenados su esposa Blanca Rodríguez-Porto y su testaferro Jorge Esparza Martín y absueltos por prescripción Elisa Rodríguez López (ex compañera sentimental de Roldán), Agustín Blázquez, José Herminio Lastra y Jorge Prieto Pardina. Jorge Esparza fue la persona que ayudó a Luis Roldán a ocultar los más de nueve millones de euros. La sentencia rechazaba el argumento de que el dinero que guardaba Roldán en sus cuentas suizas eran fondos destinados al PSOE.[17]
Francisco Paesa
Francisco Paesa, era un ex agente del Ministerio del Interior en la etapa del gobierno socialista de Felipe González. Fue investigado por orden del tribunal por un presunto delito de encubrimiento al haberse acreditado que ayudó a Roldán a ocultar 10.818.218 euros en Suiza. El fallo de la sentencia destaca que Roldán mintió al asegurar que había devuelto esa cantidad. Añade que el dinero fue transferido en 1998 por Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa, desde el Aresbank de Madrid a un banco de Singapur tras la fuga de Luis Roldán, perdiéndose la pista a partir de entonces mediante ingresos físicos en diferentes bancos del país asiático. Posteriormente Paesa entregó al prófugo Luis Roldán al entonces ministro de Interior, el socialista Juan Alberto Belloch, por 1.800.000 euros y después fingió su muerte e incineración en Bangkok (Tailandia) en julio de 1998. Sin embargo reapareció en junio de 2002 para comprar con un pasaporte ficticio y la ayuda de su sobrina, su chalé en la localidad madrileña de Las Rozas. Actualmente se encuentra en paradero desconocido.[18] [19]
Caso Juan Guerra
A partir de ser nombrado Alfonso Guerra vicepresidente del Gobierno por Felipe González se le acusó de beneficiar a su familia directamente. Su hermano Adolfo fue nombrado director de Mercasevilla, Antonio, que recorría España abriendo gasolineras o comprando solares con la tarjeta de presentación de "hermano de Alfonso" y Juan Guerra, era un desempleado que cobraba 28.023 pesetas (unos 150 euros) de prestación por desempleo y fue contratado a finales de 1989 por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano. Sin embargo, el despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas. Por ello Juan Guerra fue acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones. El caso Juan Guerra, conocido como el “hermanísimo”, fue conocido por mediación de su ex mujer Ángeles López Rubio, quien harta de las palizas de su marido (según consta en la denuncia que formuló contra él en comisaría) distribuyó documentación que comprometía a su marido hasta que ésta acabó en manos de Manuel Fraga, entonces líder de la oposición. Juan Guerra fue condenado en 1995 junto a su socio Juan José Arenas. El Tribunal Constitucional confirmó la sentencia en abril de 2001, ordenándose subastar dos pisos y un Mercedes propiedad de Juan Guerra para devolver a la Agencia Tributaria la cantidad adeudada dado que Juan Guerra se declaró en su día insolvente.[20] [21]
El escándalo Juan Guerra provocó la dimisión del vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra.[22]
Caso Filesa [Financiaciones Ilegales SA]
Artículo principal: Caso Filesa
Fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989, hechos todos ellos establecidos como probados por la Judicatura. José María Sala i Griso, senador socialista, fue condenado por un delito de falsedad en documento mercantil y por un delito asociación ilícita. La condena por falsedad en documento mercantil fue anulada por el Tribunal Constitucional. El diputado socialista Carlos Navarro y los responsables de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, fueron condenados por el Tribunal Supremo. El 1 de diciembre de 2000 el Gobierno de José María Aznar les concedió el indulto parcial, de tal forma que se redujeron a la mitad sus condenas. Este indulto se extendía a un total de 1.443 condenados y era el de mayor peso político concedido por un Gobierno desde la Transición. Otros acusados condenados fueron Aída Álvarez (ex coordinadora de finanzas del PSOE), su marido Miguel Molledo y los empresarios Juan Antonio Molina y Eugenio Marín, quienes tuvieron que indemnizar a los accionistas de la hoy llamada Iveco-Pegaso y de Cepsa, por resultar en su día perjudicados.



Y de no-Wikipedia:
Rafael Vera está, o ha estado hasta hace poco, en la cárcel.
Robaron en La Expo de Sevilla, en la autopista del 92 que todavía hoy se cae a cachos, a Ruiz Mateos para repartir sus empresas entre amiguetes y que hoy en día vamos indemnizando y mil chorizadas más.
Chanchullearon con terrenos de Defensa, con el BOE, con la sede de Cruz Roja en el centro de Madrid que regalaron a los de siempre y le vendieron a Cruz Roja un edificio en las afueras a precio de oro.
En resumen, todo lo que tocaron lo corrompieron.



Rubalcaba: ¡Callado estás más guapo!.
Esto es memoria histórica.

ME LO EMVIO UN AMIGO

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